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Congreso aprueba postergar Ley 21.719 hasta octubre de 2027: qué cambia para las empresas

Foto del escritor: Rodrigo Peña
Rodrigo Peña
hace 2 días
6 min de lectura

La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile tendrá un nuevo calendario. El Congreso Nacional aprobó el martes 17 de noviembre el proyecto que posterga la aplicación de la Ley 21.719 hasta el 15 de octubre de 2027, dejando atrás la fecha originalmente establecida para el 1 de diciembre de 2026.


La decisión fue adoptada tras una tramitación legislativa que puso en discusión las dificultades para instalar la nueva Agencia de Protección de Datos Personales y el tiempo necesario para que empresas e instituciones públicas adapten sus sistemas a las exigencias de la normativa.


El proyecto, identificado con el boletín 18.623-07, completó su tramitación en el Congreso y quedó listo para su promulgación y posterior publicación en el Diario Oficial. Este último paso es relevante: mientras no se publique la modificación, la fecha vigente en el texto legal sigue siendo el 1 de diciembre de 2026.


La decisión no elimina la reforma ni modifica sus principales obligaciones de protección de datos. Cambia el calendario de implementación y parte de la estructura de la autoridad encargada de supervisar su cumplimiento.


Congreso aprueba postergar Ley 21.719 hasta octubre de 2027

De diciembre de 2026 a octubre de 2027


La Ley 21.719 fue publicada el 13 de diciembre de 2024 con un período de preparación que debía concluir a fines de 2026. La reforma actualiza la legislación chilena sobre protección de datos personales, incorpora nuevas obligaciones para las organizaciones y crea una autoridad especializada para fiscalizar su cumplimiento.


Sin embargo, durante este año surgieron dificultades para cumplir los plazos de instalación de la nueva institucionalidad.


En agosto y septiembre, Datactil informó sobre la posibilidad de un aplazamiento y posteriormente sobre el proyecto presentado por el Gobierno para postergar la Ley 21.719 hasta diciembre de 2027. En ese momento todavía no existía una decisión legislativa definitiva.


El escenario cambió durante la tramitación parlamentaria. La propuesta inicial del Ejecutivo contemplaba extender el plazo hasta el 1 de diciembre de 2027, pero un acuerdo alcanzado en el Senado permitió reducir la postergación hasta el 15 de octubre del mismo año.


Con la aprobación de la Cámara de Diputadas y Diputados, el Congreso cerró la discusión sobre el nuevo calendario.


La nueva Agencia de Datos está en el centro de la postergación


Uno de los principales argumentos para ampliar el plazo fue la necesidad de instalar adecuadamente la Agencia de Protección de Datos Personales, organismo que tendrá facultades para supervisar el cumplimiento de la normativa y dictar instrucciones para su aplicación.


El proceso ha enfrentado dificultades. En mayo de este año, el Senado rechazó la propuesta de consejeros presentada por el Ejecutivo, al no reunir el quórum requerido para su ratificación. La situación afectó el calendario previsto para constituir el organismo antes de la entrada en vigencia de la ley.


El proyecto aprobado introduce cambios en esa estructura. El Consejo Directivo de la Agencia pasará de tres a cinco integrantes, con períodos de seis años sin reelección y un sistema de renovación parcial cada dos años.


Además, establece que el Ejecutivo deberá presentar al Senado la primera propuesta de consejeros con al menos nueve meses de anticipación respecto de la nueva fecha de vigencia.

Desde el Ministerio de Economía, el subsecretario Karlfranz Koehler valoró la decisión del Congreso y manifestó la intención de avanzar rápidamente en los nombramientos, una vez publicada la modificación legal.


La autoridad explicó que contar anticipadamente con el Consejo permitirá a la Agencia establecer criterios e instrucciones que entreguen mayor certeza a las organizaciones obligadas a cumplir la nueva normativa.



La ampliación del plazo también generó cuestionamientos


La postergación no estuvo exenta de críticas durante su discusión parlamentaria.


Desde distintos sectores se advirtió que retrasar la entrada en vigencia también implica postergar las facultades de fiscalización de la nueva Agencia. Mientras esa institucionalidad no comience a funcionar plenamente, los titulares de datos personales deberán continuar recurriendo a los mecanismos de protección actualmente disponibles.


Esta distinción es importante: Chile no queda sin regulación de datos personales durante el período de transición. La Ley 19.628 y las demás normas vigentes continúan siendo aplicables. Lo que se posterga es la entrada en aplicación del nuevo régimen establecido por la Ley 21.719.


Durante la tramitación también se discutió la posibilidad de ampliar a todas las empresas el mecanismo de amonestaciones escritas previsto para empresas de menor tamaño durante el primer año. La propuesta no fue aprobada, por lo que no debe interpretarse que la postergación incorpora una suspensión general de las sanciones de la nueva normativa.


El debate refleja dos preocupaciones que han acompañado esta reforma: la necesidad de contar con instituciones preparadas para fiscalizar y el costo que supone para las personas continuar esperando la aplicación del nuevo marco de protección.


Qué significa la postergación para las empresas chilenas


Para las organizaciones que se encuentran preparando sus procesos de cumplimiento, la nueva fecha representa una ampliación del período disponible para adecuar sus operaciones.


No obstante, el trabajo tecnológico necesario sigue siendo considerable. Una empresa que almacena datos personales en formularios, sistemas comerciales, planillas, aplicaciones y servicios de terceros necesita identificar dónde se encuentra esa información, para qué se utiliza, quién puede acceder a ella y qué mecanismos existen para mantenerla protegida.


La reforma también contempla derechos para las personas, como acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo, cuyo ejercicio requiere que las organizaciones puedan localizar información y gestionar solicitudes en sus distintos sistemas.


Esto supone desafíos que no se resuelven únicamente actualizando una política de privacidad. En muchos casos será necesario revisar procesos internos, permisos, integraciones, bases de datos y mecanismos de trazabilidad.


En Datactil hemos abordado estas dificultades en artículos sobre el inventario de datos personales dentro de una empresa y el Registro de Actividades de Tratamiento, dos herramientas relevantes para comprender cómo circula la información en una organización.


El tiempo adicional permitirá también observar los criterios que establezca la futura Agencia. Sin embargo, esas instrucciones no reemplazan la necesidad de comenzar con tareas que dependen de la propia empresa, como identificar sus datos, revisar sus accesos y documentar sus procesos.


La protección de datos sigue siendo un desafío tecnológico


Desde una perspectiva empresarial, la postergación abre una oportunidad para revisar la arquitectura de información y la capacidad de respuesta de los sistemas existentes.


Un CRM puede conservar registros duplicados, una herramienta de marketing puede utilizar información desactualizada y una plataforma conectada con proveedores externos puede mantener copias de datos que no están documentadas. Son situaciones que requieren trabajo técnico independientemente de la fecha exacta en que comience a aplicarse la nueva legislación.


Además, los riesgos de filtraciones, accesos indebidos, pérdida de información y usos no autorizados no desaparecen porque una obligación legal cambie de calendario.


Para las empresas, aprovechar este período significa avanzar en la identificación de tratamientos, la revisión de formularios, las medidas de seguridad y los procedimientos para atender solicitudes de los titulares.


Quienes todavía no han comenzado pueden consultar nuestro checklist de la Ley 21.719 para empresas en Chile, donde revisamos las principales áreas que requieren preparación.


Una fecha nueva, pero los mismos desafíos de fondo


La aprobación parlamentaria del 17 de noviembre marca un cambio importante en el proceso de implementación de la Ley 21.719. El país se encamina a contar con más tiempo para instalar su nueva institucionalidad y para que las organizaciones adapten sus operaciones.


El siguiente paso será la promulgación y publicación de la modificación legal, además de la designación de los integrantes del Consejo Directivo de la Agencia de Protección de Datos Personales.


Mientras tanto, la nueva fecha proyectada del 15 de octubre de 2027 deberá incorporarse a los calendarios de preparación de empresas e instituciones.


La postergación modifica los plazos, pero no la necesidad de proteger adecuadamente los datos personales. Para las organizaciones que aún no conocen con precisión dónde se almacena su información o cómo se utiliza, los próximos meses pueden ser decisivos para corregir problemas antes de que comiencen las nuevas exigencias.


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